La historia alrededor de Doñana, la situación delicada de su acuífero y los regadíos del Condado de Huelva ha vuelto a repetirse con los mismos tres protagonistas: Bruselas, que amenaza con nuevas sanciones; el Gobierno de España, que carga contra la Junta; y el Ejecutivo andaluz, que acusa al Estado de no estar haciendo bien su papel de "interlocutor".
Al igual que sucediera en la anterior legislatura de Juanma Moreno, la Comisión Europea ha remitido una nueva carta al Gobierno central en la que alerta de los posibles efectos nocivos que para el Parque Natural podría tener la aprobación de la proposición de ley que el PP-A, con el apoyo de Vox, registró el pasado 3 de marzo en el Parlamento andaluz para su aprobación por vía de urgencia.
En dicha misiva, la directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijer, afirma que la iniciativa del PP-A "pretende la regularización de cultivos de regadío ilegales" en el entorno de Doñana, y que, de salir adelante "en los términos que han sido anunciados", se estaría produciendo una "violación flagrante" de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de junio de 2021, en la que se aludía al "descenso dramático" del nivel piezométrico del acuífero.
Por todo ello, Bruselas insiste en la necesidad de "garantizar de forma inmediata la protección estricta de los excepcionales valores naturales" de Doñana. Y afirma que, de salir adelante la proposición de ley del Gobierno de Moreno, la CE valorará adoptar "todas las medidas necesarias", incluyendo la interposición de un nuevo recurso ante el TJUE, en el que solicitarían la imposición de sanciones al Gobierno español.
Cabe recordar que en el anterior mandato de Moreno, el PP, Cs y Vox también intentaron sacar adelante una proposición de ley sobre los regadíos de Doñana, que decayó por la convocatoria de las elecciones autonómicas, y que, en todo caso, también tuvo como respuesta una carta de Europa en los mismos términos.
En respuesta, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha remitido a Juanma Moreno la carta de la CE junto con un escrito en el que califica de "incomprensible" la proposición de ley que la Junta está "auspiciando". Además, y a través de Twitter, la ministra ha señalado que Europa "recuerda lo obvio, de sentido común y de obligado cumplimiento". Doñana, añade, "necesita protección", y "los responsables ambientales no pueden autorizar que se esquilmen sus recursos".
Por su parte, el portavoz de la Junta y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, se mostró convencido este martes de que la ministra Ribera "no se ha leído" la proposición de ley de su grupo, en la que, reiteró una vez más, "no se habla del acuífero" y "sí de su protección", al aludir el texto en todo momento a la posibilidad de utilizar "aguas superficiales". La proposición tampoco "no amnistía a los infractores" ni "paraliza ningún proceso sancionador", y "viene a reforzar los compromisos ambientales que la Junta tiene con Doñana y su entorno".
En este sentido, Fernández-Pacheco cuestionó la "interlocución" que está llevando a cabo con la CE el Gobierno de España, y apuntó a que este "no está contribuyendo a que la interpretación de Bruselas sea correcta". Por ello, el portavoz apeló a "volver al cauce del diálogo" y se ofreció "personalmente" para "acompañar al secretario de Estado, a la ministra, a quien haga falta a Bruselas a explicarle" a la UE "que esta proposición de ley en nada perjudica a Doñana".
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